A 13 años del Golpe de Estado en Honduras

Condemanos Desalojo de Comunidad Lenca

La Asamblea de Mujeres Luchadoras condena la acción de un juez ejecutor y más de 600 elementos de la policía nacional y el comando TIGRES que está mañana irrumpiendo, una vez más, en la vida de la comunidad Lenca Tierras del Padre se ha hecho presente para efectuar un desalojo.

Esa comunidad tiene títulos ancestrales y vive y trabaja ahí desde hace generaciones.
El desalojo está a favor del terrateniente Mario Facusse Handal quien pretende construir en ese territorio ancestral Lenca residencias para ricos en este país de pobres.

Nuestra solidaridad con la comunidad y la denuncia por este acto de vileza.

Exigimos que todas las personas y organizaciones que luchan acuerpen a esta comunidad y se cancele el desalojo, Ya.

Honduras 9 de febrero 2022

Criminalización y persecución judicial a la OFRANEH

Comunicado

Viernes 14 de enero 2022

Desde la Asamblea de Mujeres Luchadoras de Honduras frente a la criminalización y persecución judicial a la OFRANEH y personas que la integran nos pronunciamos:

Denunciamos que la criminalización, persecución, tortura y desapariciones que viene enfrentando el pueblo Garífuna y en particular la OFRANEH constituyen una política de exterminio racista implementada por El Estado y sus instituciones para favorecer los intereses privados y transnacionales sobre los territorios garifunas.

Hacemos saber que la detención, tortura y cargos de usurpación, amenazas y desplazamiento forzoso en contra de los compañeros Luis Alberto Gutierrez y Leonard Brown evidencian de manera contundente el despojo que se pretende perpetuar sobre las comunidades garifunas y quienes defienden sus territorios legitimamente.

Exigimos la libertad inmediata de nuestros compañeros, el cese de la persecución y criminalización del pueblo Garífuna que lucha constantemente por su territorio ancestral.

Que sepan los funcionarios públicos y agentes de las fuerzas represivas del Estado que sus crimines contra los pueblos no quedarán impunes.

CONDENAMOS con energía la agresión contra Olivia Marcela Zuniga Cáceres ejercida el sábado 9 de octubre en su casa de habitación en La Esperanza, Intibucá.

Denunciamos el contenido misógino de las campañas de desprestigio, sospecha y los maliciosos ataques difundidos en medios y redes sociales en contra de Olivia por su condición de mujer política en ejercicio de sus funciones públicas, y en un momento en que la campaña electoral se encuentra en auge.

Acusamos al Estado por la vulneración de su seguridad física, emocional y patrimonial, pues ella misma ha solicitado protección y como es evidente ésta no ha sido cumplida para el momento y lugar en que sucedieron estos hechos de violencia, al menos que haya complicidad en los mismos.

La Asamblea de Mujeres Luchadoras se manifiesta por la vida, dignidad, libertad y lucha de las mujeres, nos expresamos en contra de una cultura machista que una vez más intenta señalar a las que sobreviven violencia como culpables y no a los agresores que planean y ejecutan ataques contra ellas con la complicidad de otros.

Hacemos llegar a Olivia Marcela Zúniga Cáceres nuestro respaldo como luchadoras y hondureñas que desde diversos espacios transformamos la cultura patriarcal que atenta contra la vida de las mujeres por ser mujeres y por rebelarnos contra los mandatos de la opresión.

Honduras, 10 de octubre 2021

Justicia para Berta, Justicia para Honduras

Comunicado desde la Asamblea de Mujeres Luchadoras

7 de abril, 2021

Nos encontramos este día frente a David Castillo, un coautor del crimen, vínculado en actos de corrupción, con los narcotraficantes cachiros y vínculado en la falsificación de documentos y además su nexo directo con los autores intelectuales del asesinato de nuestra hermana Berta Cáceres. La familia Atala miembros de la junta directiva de DESA, contrataron a David Castillo (exmilitar graduado de la Academia West Point) gerente de la empresa para que de manera estratégica orquestara los ataques sistemáticos contra el COPINH, la comunidad de Río Blanco y de nuestra hermana Berta Cáceres.

Denunciamos las innumerables irregularidades del sistema de justicia que ha permitido la tardía aplicación de justicia. Son cinco años del femicidio de nuestra compañera y hermana Berta Cáceres, y no son cinco años son más de 500 años de un feminicido territorial, de la explotación pasando por la vida de nuestras hermanas que defienden el agua, la tierra, las comunidades y los cuerpos. Estas formas ancestrales de vida indígena y negra han demostrado la importancia y la esencia del cuidado del planeta. Once años han pasado del golpe de estado en Honduras, sabemos que esta dictadura está involucrada en el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, sabemos que van a caer, que la impunidad de David Castillo, de JOH y de los Atalas no es eterna, y que nosotras sabemos hacer justicia.

La Asamblea de Mujeres Luchadoras de Honduras declaramos a David Castillo gerente general de DESA, empleado de la familia Atala Zablah y uno de los responsables del crimen contra Berta Cáceres como culpable.

Berta Cáceres presente ahora y siempre, desde la Asamblea de Mujeres Luchadoras de Honduras tenemos latente sus palabras: “Yo sabía lo duro que iba a ser. Pero también sabía que íbamos a triunfar. Me lo dijo el río.”

¡CULPABLE David Castillo, CULPABLE!

Comunicado

Desde la Asamblea de mujeres Luchadoras de Honduras denunciamos la criminalización de nuestras compañeras Marianela y Jennifer Solórzano defensoras garífunas de la OFRANEH, nuestras hermanas quienes han sido juzgadas en una audiencia plagada de irregularidades y a todas luces un intento por detener la defensa de los territorios.

Denunciamos que, aunque Marianela y Jennifer hoy están en libertad siguen bajo formal procesamiento limitando su libertad de movimiento y actuancia política. La audiencia precedida por el juez Camilo Peralta comenzó negando el derecho a la observación nacional e internacional de Derechos Humanos. Es importante mencionar que él juez había sido suspendido anteriormente por irregularidades en su cargo y es exactamente lo que demostró al ser la cara de una institución racista que ayer dejo en evidencia una vez más como se favorecen los intereses de las empresas sobre la vida de las hondureñas, de nuestras hermanas y hermanos garífunas.

Ninguna de las acusaciones fue debidamente probada por el Ministerio Público, nuestras compañeras fueron acusadas de usurpación, daños y amenazas, una última acusación aun más grave de la que es acusada Jennifer, es el delito de desplazamiento forzado. Lo que nos parece sumamente grave pues se acusa a la compañera de haber desplazado a personas vinculadas con la empresa, cuando estas personas ni siquiera viven en esa zona y además adquirieron las tierras que pertenecen al pueblo garífuna de manera ilegal. ¡Ninguna defensora del territorio debe ser acusada de desplazar a las empresas cuando son las empresas que coludidas con el Narco gobierno intentan despojar a toda costa a las comunidades de sus territorios!

Este 8 de marzo no tenemos nada que celebrar, pues una vez más vemos como nuestros derechos son violentados, quienes deberían encargarse de hacer justicia en este país, actúan con total impunidad y utilizan delitos que deberían ser imputados a quienes nos desplazan todos los días de este país, es decir a las empresas extractivas, a los representantes de este gobierno corrupto y violador, quienes nos han despreciado y asesinado en las celdas como a Keyla Martínez, a aquellos que nos roban todos los días las oportunidades de vivir aquí dignamente, a esos que todos los días nos desplazan es a quienes deberían estar juzgando, no a nosotras.

¡Exigimos que cese la persecución en contra de nuestras hermanas! Y les recordamos hoy más que nunca que ¡no nos van a callar!