Comunicado

Desde la Asamblea de mujeres Luchadoras de Honduras denunciamos la criminalización de nuestras compañeras Marianela y Jennifer Solórzano defensoras garífunas de la OFRANEH, nuestras hermanas quienes han sido juzgadas en una audiencia plagada de irregularidades y a todas luces un intento por detener la defensa de los territorios.

Denunciamos que, aunque Marianela y Jennifer hoy están en libertad siguen bajo formal procesamiento limitando su libertad de movimiento y actuancia política. La audiencia precedida por el juez Camilo Peralta comenzó negando el derecho a la observación nacional e internacional de Derechos Humanos. Es importante mencionar que él juez había sido suspendido anteriormente por irregularidades en su cargo y es exactamente lo que demostró al ser la cara de una institución racista que ayer dejo en evidencia una vez más como se favorecen los intereses de las empresas sobre la vida de las hondureñas, de nuestras hermanas y hermanos garífunas.

Ninguna de las acusaciones fue debidamente probada por el Ministerio Público, nuestras compañeras fueron acusadas de usurpación, daños y amenazas, una última acusación aun más grave de la que es acusada Jennifer, es el delito de desplazamiento forzado. Lo que nos parece sumamente grave pues se acusa a la compañera de haber desplazado a personas vinculadas con la empresa, cuando estas personas ni siquiera viven en esa zona y además adquirieron las tierras que pertenecen al pueblo garífuna de manera ilegal. ¡Ninguna defensora del territorio debe ser acusada de desplazar a las empresas cuando son las empresas que coludidas con el Narco gobierno intentan despojar a toda costa a las comunidades de sus territorios!

Este 8 de marzo no tenemos nada que celebrar, pues una vez más vemos como nuestros derechos son violentados, quienes deberían encargarse de hacer justicia en este país, actúan con total impunidad y utilizan delitos que deberían ser imputados a quienes nos desplazan todos los días de este país, es decir a las empresas extractivas, a los representantes de este gobierno corrupto y violador, quienes nos han despreciado y asesinado en las celdas como a Keyla Martínez, a aquellos que nos roban todos los días las oportunidades de vivir aquí dignamente, a esos que todos los días nos desplazan es a quienes deberían estar juzgando, no a nosotras.

¡Exigimos que cese la persecución en contra de nuestras hermanas! Y les recordamos hoy más que nunca que ¡no nos van a callar!

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